El segundo intento de consulta en Uricho se ve frustrado por la violencia.
No es la primera vez que una consulta es boicoteada con el uso de la violencia por grupos de choque pagados por presidentes municipales, tampoco es la primera vez que el IEM no quiere realizar una consulta argumentando la falta de suguridad para sus consejeros y desafortunadamente tampoco es la primera vez que el gobierno del estado no garantiza la paz en tiempo y forma en una consulta, cómo primer antecedente tenemos a la comunidad de Zirahuén en dónde enjunio de 2021, un grupo de choque tomo la plaza principal y también tenemos a la misma comunidad de Uricho el 15 de enero cuando con lujo de violencia trabajadores del ayuntamiento de Erongaricuaro impidieron la consulta.
Una intencion criminal por parte del Ayuntamiento para que la gente de una misma comunidad se confronten a golpes, una falta de profesionalismo por parte del IEM y la omisión por parte del gobierno estatal para garantizar el estado de derecho que tanto manifiestan salvaguardar, son factores que imposibilitan que algunos pueblos originarios logren hacer valer su derecho a la consulta reconocido ampliamente en nuestra constitución. La realidad es que los grupos de choque son cada vez más violentos y en parte se debe a que existe impunidad por parte del estado, ya que ninguno ha sido procesado por las lesiones y daños que han cometido anteriormente, a pesar de que hay denuncias interpuestas e integradas varias carpetas de investigación, por otro lado el gobierno sigue mandando a sus cuerpos de seguridad horas después de que ya se dieron los enfrentamientos y el Instituto Electoral de Michoacán no quiere llevar a cabo las consultas debido al temor de represalias, cómo consecuencia de lo anterior, el día de hoy hubo más de 15 heridos, entre los cuales: uno perdió un dedo y otro está hospitalizado por traumatismo craneo encefálico; la comunidad de Uricho lejos de resolver sus diferencias se encuentra aún más dividida y se pone en duda cada vez más que los protocolos que actualmente tiene el gobierno, realmente garanticen el acceso de los pueblos originarios a su libre autodeterminación y a la administración de su presupuesto directo.
No solo en Michoacán se dan estos casos donde existen grupos violentos que actúan con impunidad, en el actual contexto de violencia e inseguridad generalizada, encontramos que desde el sur del país se tiene a los grupos paramilitares realizando ejecuciones extrajudiciales y desplazando comunidades zapatistas del estado de Chiapas, el EZLN y el Congreso Nacional indígena han hecho un llamado urgente desde el 27 de mayo al 10 de Junio para realizar acciones dislocadas y frenar esta guerra en la que acusan al "estado Mexicano de ser omisos además de como política de estado mantener y promover a estos grupos de choque paramilitares", al mismo tiempo que hacen un llamado para hacer frente a esta escalada de violencia en todo el país.
¿Que es lo que está esperando el gobierno de nuestro estado? La escalada de violencia debe ser atendida para no tener escenarios que rebasen la gobernabilidad, ese es su trabajo y nuestros impuestos en parte para ello deberían ser destinados, esperemos que está situación sea atendida y el Congreso tome en cuenta lo que pasó el día de hoy y atienda favorablemente la revocación de mandato solicitada por más de mil pobladores del municipio de Erongaricuaro contra su presidente municipal Juan Calderón Castillejo, de ser atendida por el congreso, se podría generar un precedente para evitar que este tipo de sucesos lamentables se trasladen a otros municipios, en los cuales más pueblos originarios se encuentran en la lucha por el reconocimiento a sus derechos humanos.
Esperemos que así sea y que el congreso realmente trabaje para salvaguardar nuestros derechos.
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